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Boletín de prensa 2 de junio de 2011
EL TIEMPO
SEIS MESES DE VIDA LE QUEDAN A LA COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN
La licitación del tercer canal ha sido uno de los temas que más polémica ha causado para la Comisión Nacional de Televisión.
La plenaria de la Cámara aprobó, en debate final, el desmonte del organismo.
La Comisión Nacional de Televisión (CNTV) no alcanzó a cumplir sus 20 años de existencia. En la noche del miércoles, la plenaria de la Cámara aprobó, en último debate, su desaparición.
Por 88 votos a favor y 3 en contra, los representantes le dieron vía libre al proyecto de acto legislativo (reforma constitucional) que derogó el artículo 76 de la Constitución y que permite el desmonte del organismo que por dos décadas dirigió la televisión en Colombia. En seis meses, el Congreso debe aprobar las leyes que crearán las entidades que la reemplazarán.
La CNTV tiene cinco integrantes, pero en la actualidad opera con cuatro y se espera que la comisionada Any Vásquez Pérez se retire en los próximos días. Los comisionados que aún continúan son: Eduardo Osorio Lozano, el director; Rafael Mauricio Samudio y Alberto Guzmán Ramírez.
El ministro del Interior, Germán Vargas, mostró su satisfacción por la aprobación del proyecto. "La Comisión no trabajó como fue concebida en la Constituyente de 1991. Este es un organismo que cuesta enorme cantidad de dinero y que, en mi criterio, perdió su independencia".
Tras su creación en la Constitución de 1991, la comisión fue objeto de cuestionamientos desde diferentes flancos, debido a su politización y a los enormes costos que le generaba al Estado.
Según el funcionario, en los últimos 20 años se hicieron al menos 10 intentos para acabar la Comisión de Televisión, de los cuales tres fueron propiciados por él mismo, cuando fue congresista.
Uno de los tantos intentos por acabarla se llevó a cabo en el 2000.
En ese entonces, se propuso la eliminación de los artículos 76 y 77 de la Constitución, con el fin de dejar sin vida a la CNTV, pero la iniciativa no contó con el suficiente respaldo parlamentario y solamente superó la primera de las dos vueltas que debía cumplir.
Un año después, y con apoyo gubernamental, la propuesta se presentó nuevamente y estuvo a punto de ser aprobada, pero, a un debate de concluir su trámite, en junio del 2002, se hundió.
Seis meses más tarde, en los albores del gobierno del presidente Álvaro Uribe, se radicó de nuevo el proyecto, pero otra vez la falta de apoyo de los congresistas dio al traste con esta intención.
Lo que viene
De acuerdo con el senador Juan Fernando Cristo, quien fue uno de los impulsores de la eliminación de esta entidad, la vez que más cerca se estuvo fue cuando se hundió en el último debate.
"Algunos comisionados tenían muy buenas relaciones con los congresistas e impidieron su eliminación", dijo.
El ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano, anunció que en la cartera a su cargo se está trabajando en un proyecto de ley que determinará cómo será la reasignación de las funciones que cumplía la comisión, el cual será presentado al Congreso el 20 de julio. Molano explicó que tres entes distintos la reemplazarán.
"Debemos pasar de una televisión con regulación restrictiva a una desregulación de la industria para que haya más competencia, más cobertura de redes y más contenidos", dijo el funcionario en entrevista a 'W Radio'.
Agregó Molano que debe existir un ente que se encargue de promover los contenido desarrollados por "esa industria que está creciendo y que se llaman contenidos digitales".
Según el acto legislativo aprobado ayer, mientras se dictan las leyes correspondientes, la CNTV continuará ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas.
El debate ahora será sobre los nuevos mecanismos para regular el funcionamiento de la televisión en Colombia.
Funciones serán repartidas entre tres entidades
El ministro de las TIC, Diego Molano, explicó que el próximo 20 de julio presentarán al Congreso un proyecto de ley que va a definir un nuevo marco en el que las redes de comunicaciones serán reguladas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones; el espectro, por la Agencia Nacional del Espectro, y la televisión y sus contenidos, por un ente independiente que promocione el desarrollo de la industria de los contenidos.
"Los contenidos no van a estar en manos del gobierno de turno", dijo el ministro Molano. Explicó que el nuevo ente será "ligero", de poca burocracia y tendrá un consejo pluralista, en el que toda la ciudadanía participará.
"Para sus integrantes, estamos examinando diferente esquemas.
El que más opciones tiene es el de una junta directiva que recibe un salario por cada sesión a la que asista", señaló Molano.
Aseguró que la elección de estas personas se va a discutir con las comisiones sextas de Senado y Cámara, y la idea es que participe la gente.
LEY DE VÍCTIMAS PASÓ TRÁMITE EN CONGRESO E IRÁ A SANCIÓN PRESIDENCIAL
Imágenes de víctimas del conflicto armado puestas en Villavicencio el 30 de diciembre del 2010.
La ley fue aprobada en la tarde de hoy miércoles por las plenarias del Senado y la Cámara.
Luego de cuatro años y de dos proyectos de ley presentados, la ley que busca verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para las víctimas del conflicto armado en Colombia fue aprobada por el Congreso.
En el Senado, un total 62 legisladores le dieron su respaldo, mientras que 3 más, del Polo Democrático, votaron en contra.
Ahora, el proyecto será enviado a la Casa de Nariño, donde el presidente Juan Manuel Santos tiene agendado sancionarla el próximo 10 de junio, cuando se espera que haga presencia en Bogotá el secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon.
Para la votación en el Senado, el Polo se dividió. Mientras los senadores Jorge Enrique Robledo, Alexánder López y Gloria Inés Ramírez votaron en contra de la iniciativa, sus compañeros de bancada Mauricio Ospina, Jorge Guevara y Luis Carlos Avellaneda votaron a favor.
Según Guevara, votaron esta iniciativa porque les parece que se trata de una ley "progresista". "Claro, nos hubiera gustado una ley más avanzada, pero también es cierto que no hay leyes ideales", afirmó.
Por su parte, el autor y ponente de la iniciativa, el senador liberal Juan Fernando Cristo, insistió en la trascendencia de este paso.
"Esta es la ley más importante que ha aprobado el Congreso en muchas décadas y significa el comienzo de una nueva etapa en la historia de este país, en la que son las víctimas las que tienen la palabra, y no los victimarios", enfatizó.
El presidente del Senado, Armando Benedetti resaltó que "ahora le toca actuar al Gobierno".
"Le hemos dado la mejor caja de herramientas al Gobierno. Ahora todo le toca actuar a él", aseguró.
APRUEBAN LEY DE INTELIGENCIA EN SU PENÚLTIMO DEBATE
Implanta protocolos para evitar que se repitan delitos como el escándalo de las chuzadas.
Los 10 senadores presentes en la sesión de la Comisión Primera le dieron el visto bueno para que siga su trámite ante la plenaria de esta corporación.
El senador Juan Manuel Galán, ponente de la iniciativa, dijo que sus principales aportes tienen que ver con el establecimiento del control político a la operación de los organismos de inteligencia, y específicamente al manejo que se le da a los gastos reservados.
“Es que hoy no se sabe cómo se ejecutan esos gastos y cómo se apropian los gastos reservados. Por esta razón una comisión de congresistas tendrá derecho a revisar esa información”, señaló Galán.
Así mismo, el proyecto, tramitado como una ley estatutaria, deja en 30 años el tiempo mínimo de reserva para la información contenida en los informes de inteligencia. “Este periodo puede ser extendido por el Presidente 15 años más, dando las respectivas justificaciones”, agregó.
Para evitar que se repitan escándalos como el de las interceptaciones ilegales, se estipula que no se puedan ‘chuzar’ las comunicaciones “sin la autorización de un juez y sin que medie la autorización de un superior jerárquico”, explicó Galán.
CORTE SUPREMA TUMBÓ ARRESTO A MINISTRO DE PROTECCIÓN
Mauricio Santamaría había sido sancionado con 5 días de arresto y una multa de casi $ 3 millones.
La sanción del funcionario se había dictado por desacato a una tutela.
La Sala Laboral del alto tribunal dejó sin efectos la decisión inicial que dictó el Tribunal Superior de Cali en marzo pasado.
El incidente de desacato fue presentado por Martha Cecilia Valverde por no haber recibido a favor de su hijo el monto de la pensión de sobreviviente de su padre muerto.
Según la mujer, el Fondo de liquidación de Foncolpuertos no había cumplido lo ordenado en una tutela en la que un juez de Cali le ordenaba a la entidad responder la solicitud elevada por ella y pagar la pensión de sobreviviente a la que tenía derecho.
La Corte comprobó que la entidad había cumplido lo ordenado en la tutela y había incluido en la nómina de pensionados al menor. Además, estaba cancelando las mesadas atrasadas.
DESPOJO Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS
No se justifica la ociosidad de las tierras, habiendo tanta necesidad de alimentos y oportunidades de trabajo.
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La restitución de tierras a los despojados ofrece la ocasión de una distribución más equitativa.
No faltaba más que desde los propios organismos del Estado se hubiera contribuido al despojo y la usurpación de tierras. La denuncia de que la Dirección Nacional de Estupefacientes se convirtió en nido de operaciones tramposas y palanca de ladrones, al mismo tiempo que las notarías se utilizaron por testaferros de delincuentes para apropiarse de bienes de la Nación, no solo destapa otra llaga purulenta, sino que descubre realidades y proporciones inauditas de la corrupción, hasta ahora en la sombra. Dolorosamente, entre los presuntos responsables aparecen figuras de la política.
Las declaraciones del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, a propósito de los antecedentes de la ley de reparación de víctimas y restitución de tierras, publicadas en este diario el domingo pasado, resumen en patético conjunto irregularidades delictivas que no se entiende cómo pudieron darse y concatenarse.
Hay de todo: violencia, artimañas, acaparamiento de narcotraficantes, atemorización, maniobras encubiertas o descubiertas para sacar de sus predios a sus poseedores de buena fe. Y después nos quejamos de que tengamos desplazados y despojados en las vías urbanas mendigando con que subsistir.
Ciertamente, el problema es mayúsculo a la luz de las cifras. Dos millones de hectáreas arrebatadas a 450 mil familias. Cuatro millones abandonadas por temor explicable a trabajar y vivir en ellas. Quinientas mil hurtadas con criminal astucia al Estado. Quinientas mil en poder de la Dirección Nacional de Estupefacienes, a la cual el ministro le aplica la denominación incisiva de "triángulo de las Bermudas", considerando que los bienes incautados a los narcos ahí depositados no vuelven a aparecer por ser objeto de apropiación o usufructo indebido de particulares rapaces. La Contraloría General de la República establecerá las dimensiones e implicaciones del desgreño en esta dependencia.
Si, por otra parte, reconocidos delincuentes como el fallecido 'Cuchillo' lograron volverse latifundistas en los Llanos, merced a manipulaciones de notaría, qué se puede esperar de individuos menos vigilados y acosados en relación con instituciones aparentemente descuidadas.
La propiedad de la tierra rural ha sido usualmente motivo de conflicto, aun cuando la población era menor y la valorización precaria, especialmente en regiones por esa época lejanas, como los Llanos Orientales o las zonas aisladas y selváticas. No obstante, los latifundios de notaría, no explotados ni visitados por sus dueños, se fueron parcelando legítimamente con la ocupación y explotación de colonos que los creían baldíos o en virtud de la presunción de las autoridades de que permanecían incultos. A pesar de sus deficiencias y yerros, la Ley 200 de 1936, llamada de reforma agraria, constituyó avance muy positivo, si se exceptúa el impulso a la deforestación masiva. Otro esfuerzo de similar sentido, aunque más amplio, el de la administración Lleras Restrepo, acabó frustrándose por el amotinamiento de los intereses adversos.
En la actualidad, la restitución de tierras a los despojados y desplazados ofrece la ocasión de retornar a una distribución más equitativa, junto a la posibilidad de adjudicar a pequeños y medianos campesinos las hectáreas disponibles de suelos fértiles que dependencias oficiales tienen. No se justifica la ociosidad de las tierras, habiendo tanta necesidad de alimentos y oportunidades de trabajo. Desde luego, la restitución de las usurpadas y la reparación de víctimas, así sea en 10 años, cuestan suma muy apreciable. En mora estamos de conocer la cifra aproximada y el mecanismo para arbitrar los recursos. Dicho sintéticamente, el plan financiero sin el cual todo quedaría en el aire.
DE RODILLAS ANTE EL TERRORISMO
Para nuestra Corte no hay diferencia entre una acción legítima de guerra y una diligencia judicial.
Para restarle dramatismo al tema, digamos que la Sala Penal de la Corte Suprema obró sin tener plena conciencia de la carga explosiva que ponía bajo el tablado de nuestras instituciones.
Por simple auto, y en caso muy modesto, olvidó la Corte que la 'Operación Fénix' fue una acción de guerra, cuyo objetivo era dar de baja al jefe de una organización terrorista, y que ella se cumplió en obedecimiento al Derecho Internacional Humanitario que gobierna el artículo 3 Común de los Protocolos de Ginebra.
Tampoco quiso recordar la Corte que esas operaciones, contra un agente terrorista que pone en peligro la vida de los habitantes de un país, están expresamente autorizadas en la Resolución 1368 del Consejo de Seguridad de la ONU, en plena consonancia con el artículo 51 de la Carta constitutiva de ese, el supremo organismo rector de las relaciones internacionales.
El principio de la legítima defensa de los Estados está expresamente consagrado como una excepción a la prohibición de la intervención armada en otro país. Cuando se trata de ejercer la fuerza para evitar acciones terroristas, el país que sufre la amenaza no solo tiene el derecho, sino también el deber de utilizarla, en desarrollo del principio "Responsibility to protect", que prima sobre cualquier otra consideración.
Todos estos desarrollos del modernísimo Derecho Internacional Público surgieron con ocasión de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York, seguidos por los trágicos acontecimientos del 11M de Madrid, por las bombas que explotaron en el Metro de Londres y por los intentos que padecieron París y Moscú. Fueron tan graves esos hechos, y los que con ellos se anunciaban, que el mundo debió reconocer la relatividad de la soberanía de un Estado cuando no quiere, o no puede, impedir que en su territorio se preparen ataques contra otro, sin que importe que sean tan distantes como Afganistán o Pakistán, respecto de los Estados Unidos.
Esa relatividad de la soberanía, plenamente admitida en el caso de la muerte de Bin Laden por la ONU, se expresa hoy en la Doctrina como el "Extraterritorial law enforcement", que no supone ataque contra el Estado donde la acción militar se cumple, sino contra el objetivo terrorista que se golpea. Este concepto es todavía más exigente y comprensivo, cuando el Estado que alberga el grupo terrorista ha sido advertido de su presencia y no ha querido o podido tomar medidas en su contra.
Pasó por alto la Corte que la 'Operación Fénix' no fue una diligencia judicial, sino una acción militar de Legítima Defensa, ejecutada en plena armonía y coincidencia con los postulados que acabamos de enunciar. Los computadores de 'Raúl Reyes' aparecieron como una consecuencia del bombardeo y no porque alguien los estuviera buscando con criterio judicial o policivo. Que fue lo que pasó con los de Bin Laden y con los muchos otros que se encuentran en medio o después de acciones bélicas. Lo que no significa, a nadie se le ha ocurrido semejante despropósito, que no puedan ser utilizados como prueba, fuente de inteligencia militar y medio inigualable de defensa para el Estado ofendido.
Los computadores del 'Mono Jojoy', los de Losada y tantos otros jamás fueron recogidos previa iniciativa judicial. Así que de ellos pudiera predicarse la misma ilegalidad que de los obtenidos en la 'Operación Fénix', para llevarnos al extremo de nuestra impotencia absoluta en la lucha contra el crimen.
Si antes de bombardear se requiere cumplir la ritualidad procesal para efectuar un allanamiento o practicar una inspección judicial, apague y vámonos. Estamos perdidos. ¿Será eso lo que la Corte quiere?
EL ESPECTADOR
CÉSAR GAVIRIA DEFENDIÓ LA CONSTITUCIÓN DE 1991
El expresidente, como antesala de la celebración de los 20 años de la Carta Política, dijo que ésta permitió la "protección de los derechos de la gente".
Cerca de cumplirse 20 años de la promulgación de la Constitución de 1991, el expresidente César Gaviria Trujillo inició la defensa de la Carta Política.
Al ser el exmandatario de la época de la conocida 'Séptima Papeleta', Gaviria defendió que contrario a la Constitución de 1886 que hablaba de las instituciones del Estado, la de 1991, según Gaviria, habla de los derechos de la gente.
"Pasamos de una Constitución que habla de los organismos del Estado y el cumplimiento de la ley, a una basada en los derechos de la gente", aseguró.
El expresidente recordó que la protección de los derechos fundamentales de la gente inició con la Carta del 91.
"La tutela como instrumento poderoso para hacer respetar esos derecho, es parte esencial de la Constitución", dijo en Caracol Radio.
La próxima semana Gaviria, acompañado del presidente Juan Manuel Santos, recibirá un homenaje por los 20 años de la Constitución que se promulgó en su gobierno.
AD PORTAS DE ENTRAR EN VIGENCIA LA LEY DE VÍCTIMAS
La Cámara aprobó la conciliación y para pasar a sanción presidencial, a la iniciativa le resta sólo el visto bueno de la plenaria del Senado.
La plenaria del Senado en el Congreso de la República.
A un sólo paso de ser realidad en el país se encuentra el proyecto de Ley de Víctimas. La plenaria de la Cámara aprobó la iniciativa, cumpliendo el compromiso adelantado con el presidente Juan Manuel Santos el pasado lunes.
La conciliación del proyecto fue aprobada, manteniendo el texto aprobado por el Senado en segundo debate. Este incluyó los polémicos temas del reconocimiento de la figura del ‘conflicto armado interno’, el resarcimiento a partir de 1985 y la reparación para las víctimas de agentes del Estado.
SUSPENDIDA LUCERO CORTÉS COMO REPRESENTANTE A LA CÁMARA
La comisión de Ética de la corporación tomó la decisión este miércoles .
La Comisión de Ética de la Cámara suspendió de su cargo como legisladora a la representante Lucero Cortés.
Esa célula legislativa decidió suspenderla por la medida de aseguramiento que pesa en contra de la reconocida política del Partido de La U.
El presidente de la Comisión, Hernando Cárdenas, explicó que al estar detenida queda relegada de sus funciones porque no puede asistir a los debates del Congreso, con lo cual incurriría en una falta más grave.
A su turno, el presidente de la Cámara, Carlos Alberto Zuluaga, dijo que él respeta la decisión que toma la Comisión de Ética.
Sin embargo, se mostró a la espera de que el acta de suspensión llegue oficialmente a la plenaria de la corporación para que sea ratificada la suspensión.
Esa determinación implica que Lucero cortés podría ser reemplazada por el siguiente en la lista del Partido de La U en Bogotá.
EL CAOS DE LA SALUD
GOBIERNO Y ENTES DE CONTROL, A RENDIR CUENTAS POR MANEJO DE LA SALUD
La Corte Constitucional los convocó para le próximo 7 de julio, en el marco del seguimiento que adelanta al sector.
Gobierno, entidades de control y organismos dedicados al cuidado de la salud fueron citados fueron citados por la Corte Constitucional, con el fin de que rindan informe de los programas adelantados para propiciar un mejoramiento del sistema, ordenado por ese mismo tribunal desde 2008.
A través de la sentencia T-760 de ese año, una Sala de Revisión dipuso adoptar planes especiales para fortalecer el Plan Obligatorio de Salud, POS; superar fallas en la regulación; unificación de planes de beneficios para niñas y niños de los regímenes contributivo y subsidiado; y implantación de programa y cronograma para la unificación de los planes de beneficios de los regímenes contributivo y subsidiado.
Así las cosas, los ministerios de Hacienda y Protección Social; la Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, Superintendencia de Salud, entre otras entidades especializadas en el sector deberán dar a conocer sus programas metodológicos y señalar cuáles siguen siendo los obstáculos a superar en el camino hacia la adopción de un mejor sistema.
El auto, con ponencia del magistrado Mauricio González Cuervo, indica que cada uno de los convocados tendrá plazo hasta el próximo 20 de junio para entregar el informe escrito de la gestión que han adelantado con miras a la corrección de las problemáticas que, en materia de la salud, fueron evidenciadas med8iante la sentencia T-760 de 2008.
“La finalidad de la audiencia consiste en crear un espacio de reflexión público sobre las barreras y obstáculos que hoy en día impiden avanzar oportuna y eficazmente en el acceso a los servicios de salud (cumplimiento de la sentencia T-760 de 2008), así como generar propuestas de solución profundas e integrales en los órganos responsables de la regulación, frente a una problemática recurrente y estructural”, señala el auto convocante.
POR LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA Y DE LA CORRUPCIÓN
Por: Elisabeth Ungar Bleier
La ley de víctimas y la ley anti corrupción, recientemente aprobadas por el Congreso, son pasos fundamentales en la búsqueda de soluciones a algunos de los problemas más críticos del país.
Es importante reconocer que la primera es el resultado del trabajo mancomunado y decidido de un grupo de congresistas y funcionarios del Gobierno, incluyendo al propio presidente de la República, quienes con su tenacidad y convicción le apostaron a la ineludible obligación de reconocerles a las víctimas de todos los actores violentos sus derechos. Y la segunda recoge la intención del Gobierno de dotar al Estado de un instrumento que va a contribuir a luchar contra la corrupción.
Sin embargo, la aprobación de estas leyes también conlleva grandes desafíos para el Estado y la sociedad. Desde la reglamentación de muchas de las disposiciones previstas en las normas, hasta su implementación y su apropiación por parte de los diferentes actores sociales y políticos. Todo esto requiere del esfuerzo de muchas entidades y funcionarios públicos, además del apoyo y participación decidida de la ciudadanía para garantizar que se cumplan sus objetivos. Esta no puede ser un convidado de piedra en las diferentes etapas de su aplicación. Por el contrario, debe convertirse en motor de su divulgación y en garante de que el espíritu de las normas sea respetado.
Pero, además, es muy probable que estas leyes encuentren en el camino muchos obstáculos e intentos de frenar su cabal desarrollo, muchos de ellos provenientes de la lentitud del aparato burocrático para adaptarse a los cambios y a las nuevas responsabilidades que conllevan. Pero sobre todo, de las personas y grupos que ven en estas normas una amenaza contra estructuras de poder tradicionales fuertemente enraizadas, muchas de las cuales se han valido de medios ilegales para perpetuarse y fortalecerse. La corrupción y la violencia en Colombia son fenómenos que en muchas ocasiones van de la mano y se retroalimentan, convirtiéndose en el soporte para acceder al poder.
Para superar estos grandes retos se necesita una férrea voluntad política, es decir, la clara y manifiesta intención del Gobierno y de los funcionarios del Estado, pero también de la sociedad civil y del sector privado, de atacar las causas y las manifestaciones de la corrupción y la violencia, de emprender acciones concretas y eficaces para combatirlas y de destinar los recursos necesarios para lograrlo. De hacer todo lo que esté a su alcance para cumplir las expectativas que se han generado en torno a estas normas para evitar que estas se conviertan en frustraciones, lo cual puede significar grandes ganancias, pero también puede implicar costos políticos que los responsables deben estar dispuestos a asumir.
La Ley de Víctimas y el Estatuto Anticorrupción deben marcar un derrotero para el futuro. Pero ante todo, deben ser un mensaje de rechazo vehemente para quienes desde diferentes ámbitos públicos y privados abusaron de sus posiciones, se apropiaron de los recursos públicos y violaron derechos fundamentales de miles de colombianos.
RESTITUCIÓN DE TIERRAS Y DE ALGO MÁS
Por: Gustavo Gallón
La ley de víctimas podría expresar una voluntad estatal decidida a prevenir, enfrentar y reparar las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario cometidas por agentes estatales, paramilitares y guerrillas.
Tanto es así que, entre las garantías de no repetición, la ley ordena que “El Estado Colombiano adoptará las medidas conducentes a lograr el desmantelamiento de las estructuras económicas y políticas que se han beneficiado y que han dado sustento a los grupos armados al margen de la ley”. Si se lograra tan solo eso, que ha sido siempre el clamor central de las víctimas, especialmente en la última década por la permanencia de las estructuras paramilitares, sería un gran avance.
Puede lograrse incluso más, pues la ley tiene un detallado reconocimiento de los componentes del derecho a la reparación integral (restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición) en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Además, establece como guía para la realización de estos derechos los tratados internacionales y la interpretación más favorable a la dignidad de la persona humana. Con este enfoque crea una compleja institucionalidad que debería funcionar: un Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, con un Comité Ejecutivo presidido por el jefe del Estado, y una Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, adscrita a la Presidencia de la República (que reemplaza a la Comisión Nacional de Reparación), y que debe adoptar en un año un Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que incluya un Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral y un Programa de Reparación Colectiva.
En materia específica de restitución de tierras se crea en el Ministerio de Agricultura una Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y un procedimiento judicial abreviado ante jueces de circuito y magistrados de tribunal, especializados en restitución de tierras, con presunciones de despojo e inversión de la carga de la prueba a favor de las víctimas. Dos representantes de estas hacen parte del Consejo Directivo de dicha Unidad Administrativa, y otros dos pueden ser invitados al Comité Ejecutivo de Atención y Reparación.
Queda por verse cómo reglamenta el Gobierno los montos, los criterios y el procedimiento para la reparación por vía administrativa, para lo cual recibió facultades por seis meses. Entre esas facultades se encuentra la regulación de un contrato de transacción en el que la víctima renunciaría a la acción judicial, lo cual puede prestarse a serios abusos. Máxime si se tiene en cuenta que la ley invoca el principio de sostenibilidad fiscal (es decir, que la plata es escasa), lo cual puede limitar el carácter integral de la reparación. Ojalá ese y otros riesgos se prevengan a través de una Comisión de Seguimiento, integrada por los titulares de la Procuraduría, la Defensoría y la Contraloría y tres representantes de las víctimas. Hay, pues, todavía trecho por andar, pero se ha abierto un camino factible.
EL NUEVO SIGLO
ESTE ES EL NUEVO ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN CONCILIADO AYER
Fue una de las primeras iniciativas que radicó ante el Parlamento la administración Santos
Ayer la plenaria del Senado aprobó la conciliación del proyecto anticorrupción, como ya lo había hecho su par de Cámara el lunes anterior. La norma que pasa a sanción presidencial incorpora una serie de herramientas para enfrentar este flagelo.
El proyecto de ley del Estatuto Anticorrupción dota a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Procuraduría, de nuevos y muy importantes instrumentos no solo para combatir la corrupción, sino para adelantar de manera expedita los procesos.
En su trámite el Senado acogió el texto que había aprobado la Cámara, con excepción de lo relacionado con la reglamentación del lobby, en lo cual no hubo acuerdo.
Esta reglamentación la establecía el proyecto en el artículo 59, creando el registro público de lobbystas, uno de los primeros controles en el país a la actividad de las personas cuya función es tratar de influir en las decisiones del Ejecutivo o el Legislativo a favor de determinados intereses. Mientras que el artículo 61 regula las prohibiciones para estas personas.
En ese registro se deberían inscribir los lobbystas que quieran hacer esa actividad ante ministros, alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, entre otros servidores públicos.
Frente a la aprobación de la ley anticorrupción, el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, dijo que “este es un esfuerzo que se adelantó desde el 7 de agosto. Fue una de las primeras iniciativas radicadas por el presidente Santos, en medio del ambiente y de la percepción que vive el país. Esta iniciativa tiene 150 instrumentos utilísimos, qué bueno que el Congreso le envíe este mensaje al país. Lo que el Gobierno necesita y los organismos de control, el Congreso se los ha dado”, declaró el funcionario.
El ministro Vargas aseveró que la lucha contra la corrupción es uno de los pilares del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y agregó que es muy positivo el trámite alcanzado en el Legislativo.
Según el Gobierno, el proyecto de ley del Estatuto Anticorrupción dota a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Procuraduría, de nuevos y muy importantes instrumentos, no solo para combatir la corrupción sino para adelantar de manera expedita los procesos.
ABC de la iniciativa
A. Genera un estricto régimen para evitar la “puerta giratoria” entre el sector público y el privado.
B. Prohíbe a quienes financien campañas políticas ser contratistas del Estado, por el período para el cual haya sido elegido el respectivo candidato.
C. Se dota el Presidente de la República de la posibilidad de nombrar directamente a los responsables de las oficinas de control interno en las entidades nacionales dotando a estos funcionarios de una mayor eficacia.
D. Se establecen importantes medidas administrativas y penales para proteger los recursos del sector salud. En ese sentido, por ejemplo, se crea un sistema de información para el reporte de eventos sospechosos de corrupción y se establecen tipos penales severos como la estafa sobre recursos del sector salud; la especulación y el agiotaje de medicamentos; la omisión de control en este sector; el peculado por aplicación diferente frente a recursos de la salud, entre otros.
E. Se crean nuevos tipos penales para combatir la corrupción en el sector privado y se endurecen las penas en varios de los delitos contra la administración pública. A su turno, se excluye a quienes hayan sido condenados por delitos de corrupción de beneficios como la casa por cárcel.
LAS CORTES QUEDARÍAN SIN FUNCIÓN ELECTORAL
La eliminación de algunas funciones que hoy tienen las Cortes y que no son de su esencia, como las electorales, y la inclusión de otras que sí resultan necesarias a fin de optimizar su labor, harán parte del proyecto de Reforma a la Justicia que radicará el Gobierno el próximo 20 de julio en el Congreso.
Así lo explicó ayer el ministro del Interior y Justicia Germán Vargas durante el acto de conmemoración del Vigésimo Aniversario de la Constitución Política. “Así mismo, busca medidas para lograr un Poder Judicial cada vez más independiente, experimentado y ajeno a los intereses de la política”, dijo el jefe de la Cartera.
Entre esas funciones electorales que hoy tienen los altos Tribunales está la elección del Fiscal General de la Nación de una terna que le debe presentar el Jefe de Estado.
Además el funcionario dijo que la reforma no modificará el espíritu de la Carta Magna: “Lo primero que quiero destacar en relación con la reforma constitucional a la Justicia del Gobierno Santos es que su propósito no es, en modo alguno, alterar el espíritu, los principios, de la Carta de 1991. Deseo ser enfático en que nuestra propuesta de reforma no afecta esa columna vertebral, mantiene intacta la Carta de Derechos, así como el talante garantista de los derechos a través de mecanismos puntuales como la acción de tutela”.
Explicó que la propuesta del Ejecutivo plantea mecanismos para fortalecer los derechos, en particular el de acceso a la Justicia, mediante la ampliación de la oferta de Justicia; así como la regulación de la acción de tutela, en particular contra sentencias, que permita la garantía de los derechos fundamentales sin perjuicio de la seguridad jurídica.
Vargas Lleras reiteró que el Gobierno se mantiene en su idea de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y crear el Consejo Superior Judicial, integrado por una Sala de Gobierno y una Gerencia de la Rama Judicial.
PREOCUPACIÓN POR “CIERTAS DECISIONES DE LA JUSTICIA”
“Nos preocupa que algunas ramas del poder público no entiendan el contexto particular en que se desempeñan nuestros soldados y no tengan en cuenta ese contexto particular en sus decisiones”, afirmó este miércoles el Presidente Juan Manuel Santos durante la ceremonia de ascensos de oficiales de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, en Bogotá.
El Mandatario señaló que al Gobierno Nacional le preocupan ciertas decisiones judiciales, al reiterar que respeta y acata las determinaciones de la justicia colombiana.
“Nos preocupa –y así lo tengo que decir, y con franqueza- el alcance y las implicaciones de ciertos conceptos y de ciertas consideraciones en que se fundan algunas de esas providencias”, puntualizó el Presidente Santos.
Así mismo, resaltó la forma en que respondieron los militares durante la toma a la base de Las Delicias, en el departamento del Caquetá, hace 14 años.
“En esa toma de Las Delicias lo que demostraron nuestros soldados fue valor, fue entrega por su patria, fue entereza, fue templanza. Y ese mismo valor, esa misma entereza, esa misma templanza que luego fue acompañada por más recursos, ha sido lo que ha permitido a nuestra Nación recuperar su territorio y recuperar su libertad”, aseguró el Mandatario.
Explicó que en ese ataque el país atravesaba por un momento difícil, ad portas de ser considerado un Estado fallido.
“Ese momento difícil para el país, difícil para el Ejército, de la toma de Las Delicias, la gente no se alcanza a imaginar las dificultades por las cuales atravesaba el país en ese momento, estábamos ad portas de ser considerado un país fallido, un estado fallido, por eso vino aquí el Plan Colombia”, recordó el Presidente Santos.
Y manifestó que gracias a la transformación que han tenido las Fuerzas Militares, y al trabajo de los uniformados, Colombia es un país diferente y con mayor capacidad para enfrentar a los violentos.
CORTE CITA AL GOBIERNO A RENDIR CUENTAS DE LA SALUD
También deberán acudir la Fiscal, el Procurador.
AL TIEMPO que la Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra los cinco ex funcionarios del Ministerio de la Protección Social que están siendo procesados por el desfalco a la salud, la Corte Constitucional citó para el 7 de julio al Gobierno para una rendición de cuentas sobre el cumplimiento de la sentencia T-760 sobre el mejoramiento del sistema de salud.
El escrito del ente acusador precisa cómo los implicados en el denominado carrusel de la salud, al parecer cobraban comisiones para afectar el sistema de recobros de la salud en el país.
Los procesados no aceptaron los cargos por los cuales fueron acusados en la audiencia preliminar, ante un juez de control de garantías, aunque al parecer estarían negociando un posible preacuerdo con el ente acusador.
Dicho preacuerdo será evaluado por un juez de conocimiento para determinar si se cumple o no con las exigencias de la negociación.
La medida cobija a Claudia Patricia Rojas Puerta, Luis Andrés Ruiz Martínez, Edgar Isaías Medina Millán, John Carlos Lamus Rodríguez y Héctor Mauricio Durán Poveda.
Surtido dicho trámite se adelantará, en los próximos días, la audiencia de acusación formal contra Rojas Puerta, y Ruiz Martínez.
De otra parte, se adelantará ante un Juez de Garantías una audiencia de búsqueda selectiva de datos, donde se analizarán algunas de las pruebas que se han incorporado por parte de la Fiscalía.
De otra parte, la Corte Constitucional citó para el 7 de julio al gobierno para una rendición de cuentas sobre el cumplimiento de la sentencia T-760 sobre el mejoramiento del sistema de salud.
Dentro de los requeridos esta el ministro de Protección Social, Mauricio Santamaría, el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, el superintendente de Salud, Conrado Gómez y representantes de las EPS, droguistas y asociaciones de usuarios.
La Corte le hará seguimiento a las órdenes sobre la adopción de medidas necesarias para superar fallas de regulación, actualización integral del Plan Obligatorio de Salud, periodicidad en la actualización, unificación de planes de beneficios para niñas y niños de regímenes contributivo y subsidiado y adopción de programa y cronograma para unificación de los planes de beneficios de regímenes.
Mientras tanto, la Corte Constitucional llamó a rendición de cuentas a la Comisión de Salud Cres, al superintendente nacional de Salud, Conrado Gómez, y a la Asociación Colombiana de Estudiantes de Medicina de Colombia.
REVISTA SEMANA
CONGRESO LE ENTREGÓ A SANTOS TRES LEYES CLAVE PARA SU GOBIERNO
a Ley de Víctimas, el Estatuto Anticorrupción y la Ley de Seguridad Ciudadana fueron conciliadas por el Senado y la Cámara. "El balón está en la cancha del Gobierno", dice el Congreso.
Como otra “jornada histórica” del Congreso calificó el ministro de Interior, Germán Vargas Lleras, la tarde de este primero de junio. Tres de las leyes clave, reclamadas por el Gobierno para adelantar algunas de sus principales reformas, fueron conciliadas entre el Senado y la Cámara de Representantes.
El presidente Juan Manuel Santos, antes de cumplir su primer año de gobierno, ya tiene en su despacho la Ley de Víctimas, el Estatuto Anticorrupción y el Estatuto de Seguridad Ciudadana.
Los tres habían sido los proyectos más reclamados por el presidente, pues se constituían en los instrumentos legales para sus principales políticas de gobierno: el saldo de la deuda histórica con las víctimas, la ofensiva contra los actos de corrupción y la política de seguridad para enfrentar las bandas criminales y la inseguridad en las ciudades.
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, consiguió en solo 10 meses que el Congreso le entregara al Presidente las herramientas para adelantar estas políticas.
El presidente del Senado, Armando Benedetti (La U), dijo que el Congreso le ha entregado al Gobierno “la mejor caja de herramientas. Ahora le corresponde al presidente Santos su aplicación”. También calificó como un "hecho sin antecedentes" que el Congreso, faltando 20 días para el cierre de sesiones, haya evacuado la agenda legislativa.
Carlos Alberto Zuluaga (P. Conservador) coincidió en esa apreciación. “Los partidos de la Unidad Nacional le hemos dado las herramientas para la prosperidad al Presidente, ninguno de los proyectos que él presentó tuvo tropiezo, el balón lo tiene el Gobierno en su cancha, el Congreso le ha dado el espaldarazo, ahora el Gobierno tiene que cumplir”.
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, consideró como “clave” el papel desempeñado por los partidos políticos para que los proyectos se conviertan en leyes. “El Congreso le entregó al Gobierno un arsenal de herramientas para enfrentar sus principales políticas. Las labores coordinadas entre el Gobierno y la mesa de Unidad Nacional fueron determinantes para este resultado tan positivo".
LEY DE VÍCTIMAS: “EL PASO A LA RECONCILIACIÓN”
La Ley de Víctimas fue calificada por Santos como el “saldo de una deuda histórica” con las víctimas del conflicto. Desde el mismo momento de su posesión, el 7 de agosto de 2010, Santos anunció que durante su gobierno aspiraría “a sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos”.
La ley fue calificada por el propio Gobierno como el principal paso para ese propósito. Tanto que el 27 de septiembre de 2010 el presidente Juan Manuel Santos, en lo que fue el mensaje político decisivo para la aprobación de esta ley, radicó el proyecto personalmente en el Congreso.
El día de su posesión santos también se comprometió con una Ley de Tierras para que los terrenos que han sido despojados “regresen a las manos campesinas, a los que de verdad las trabajan con vocación y con sudor”.
Ese capítulo de tierras fue incluido en la ley de víctimas que Santos sancionará el próximo 11 de junio, en un acto que contará con la presencia del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el surcoreano Ban Ki-moon.
La lucha contra la corrupción
Pero el primer proyecto que le presentó el presidente Juan Manuel Santos al Congreso fue el que concentraba las herramientas jurídicas y legales para combatir lo que llamó “el verdadero desastre para nuestro país: la corrupción”.
Fue el 6 de septiembre cuando Santos, junto a las cabezas de los organismos de control, presentó la que sería la política de Estado contra la Corrupción.
Un conjunto de normas que modificaban el código penal y que establecía sanciones más drásticas para quienes desviaban recursos públicos y le quitaba los beneficios de casa por cárcel a los servidores involucrados en actos de corrupción.
El proyecto, sin embargo, tuvo un trámite más dilatado. La aspiración del Gobierno era implementar esta política desde enero del presente año, pero la discusión tuvo momentos álgidos por la confrontación entre el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, y miembros del Partido Conservador, algunos de ellos mencionados en irregularidades en la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Los pulsos políticos se superaron, sobre todo porque el trámite del proyecto sucedió a la par de que los organismos del Estado destapaban auténticas ollas de corrupción en organismos estatales y en el sector de la salud, y también en medio del mayor escándalo por irregularidades en la contratación en la ciudad de Bogotá.
El proyecto fue aprobado el pasado mes de mayo. Pero este primero de junio se concilió el texto definitivo y el Senado aceptó la eliminación de la reglamentación del lobby o cabildeo, que era la posibilidad de que los particulares pudieran hacer gestiones en el Congreso en la construcción de las leyes.
La ofensiva contra las ‘bacrim’
En su discurso de posesión, el presidente Santos afirmó que como “comandante supremo” de las Fuerzas Armadas “trabajaré para acabar de consolidar la seguridad y la tranquilidad en todo el territorio nacional”.
A pesar de este anuncio, los primeros meses de gobierno no fueron fáciles ni para él ni para su ministro de defensa, Rodrigo Rivera.
La percepción de inseguridad, especialmente en las ciudades, fue quizás la asignatura que más golpeó al Gobierno. De nada bastaba que el director de la policía, general Óscar Naranjo, presentara cifras sobre la disminución de delitos.
Desde el Congreso, algunos partidos políticos de la propia coalición, concretamente sectores cercanos al expresidente Álvaro Uribe, alertaban sobre un retroceso en materia de seguridad. Incluso, la permanencia del ministro de Defensa fue puesta en duda.
El Gobierno identificaba como principal factor de riesgo el fenómeno de las bandas criminales. Santos descartó cualquier negociación con los miembros de esas organizaciones delincuenciales, que muchos han calificado como herederos de los paramilitares.
El 5 de octubre de 2010, los ministros Germán Vargas Lleras y Rodrigo Rivera, junto al entonces fiscal general Guillermo Mendoza Diago, radicaron el proyecto en el Senado.
La iniciativa buscaba, principalmente, modificar el código penal y el código de infancia y adolescencia, para establecer nuevos delitos, imputar cargos a menores de edad y brindarles mayores herramientas la Fiscalía y los jueces de la República para judicializar a los miembros de las ‘bacrim’.
Casi ocho meses después, el Congreso le dio las herramientas jurídicas al Gobierno en esta ofensiva contra el crimen en las ciudades.
El nuevo desafió, lo admitió el ministro del Interior al término de esta jornada, es la aplicación de este nuevo conjunto de normas, un papel que sólo le corresponde al Gobierno.
GOBIERNO ANUNCIA QUE HABRÁ REFORMA A JUICIOS DE PRESIDENTES
La Comisión de Acusaciones será objeto de reforma. Así lo anunció el ministro del Interior, quien explicó que los ajustes serán un capítulo de la próxima reforma a la justicia.
La reforma a la justicia, uno de los principales asuntos que ocupará al Congreso desde el próximo 20 de julio, incluirá un tema muy controvertido.
El proyecto que presentará el Gobierno, en consenso con las altas cortes y los partidos políticos, buscará, entre otras, reformar la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Germán Vargas Lleras, ministro del Interior, anticipó que el proyecto hará varios ajustes al juzgamiento de funcionarios aforados. En ese sentido habrá reformas a la célula judicial del Congreso, la encargada de investigaciones y juicios de presidentes, expresidentes y magistrados.
Según Vargas Lleras, no se ha pensado en eliminar la Comisión de acusaciones, pero sí en “reestructurarla”. Sería un órgano dedicado “exclusivamente” a esas funciones judiciales.
Hoy la Comisión hace parte de la Cámara de Representantes. Según el Gobierno, podría cambiar el origen de esa comisión o que sea la plenaria de esa corporación la encargada de designar a los investigadores y estos se ocuparían exclusivamente de sus funciones. “El propósito es que sea una comisión que sí funcione”, dijo Vargas Lleras.
El anuncio del Gobierno se produce en una situación crítica para la Comisión de Acusaciones, que hasta la fecha tiene cerca de 1.100 casos pendientes, entre investigaciones a magistrados de las altas cortes, fiscales y presidentes de la república.
Además, una de las investigaciones preliminares que más atención han generado, la abierta de oficio contra el expresidente Álvaro Uribe por el caso de las ‘chuzadas’ del DAS, ha tenido inconvenientes con la designación de representantes investigadores.
El Gobierno ya conoce un documento, redactado por los miembros de la Comisión de Acusaciones, en el que se propone un verdadero ‘revolcón’ a esta célula, con el propósito de garantizar su eficacia.
Dicho documento, entregado en días pasado, tiene como propósito que la Comisión tenga más dientes para adelantar los juicios especiales que ordena la Constitución, garantizar la independencia de los procesos e incluso aumentar las competencias de la Comisión.
La propuesta será objeto de estudio por el Congreso en la reforma a la justicia, que el Gobierno ha aplazado en dos ocasiones y que prometió radicar el próximo semestre.
CMI
PIDEN A LA UNIÓN EUROPEA APOYO CONTRA VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
La Oficina Internacional de Derechos humanos "Acción Colombia" (Odhiaco) ha solicitado hoy a la Unión Europea que exija al gobierno de Bogotá el fin de las violaciones de derechos humanos que, según denuncia, se perpetran en el país.
"La UE no puede seguir callando ante las violaciones en esta materia en Colombia", argumenta Vincent Vallies, su portavoz en Bruselas, que ha pedido mayor implicación de Bruselas.
Para la organización, no se ha experimentado ningún cambio a la impunidad de las violaciones de derechos humanos con el gobierno de Juan Manuel Santos, que ya lleva 300 días en el poder tras la caída de Álvaro Uribe.
"No se puede hablar de cambio cuando, a pesar de los esfuerzos de la rama judicial para investigar y juzgar los crímenes, no encuentra el suficiente apoyo del Estado ni en recursos ni en protección a sus jueces", advierte Vallies.
"Sólo a manera de ilustración, en Arauca, provincia al noreste del país, en octubre de 2010, un miembro del ejército violó a dos niñas, asesinó a una de ellas y a sus dos hermanos. Hasta ahora no se sabe de ninguna investigación rigurosa", ha añadido la portavoz.
Según denuncia Odhiaco, durante la administración Santos han sido asesinados 15 líderes que representan a sus comunidades en la restitución de tierras que les fueron arrebatadas a millones de campesinos, afrocolombianos e indígenas, a través de la violencia.
La organización ha pedido también al presidente Santos "una verdadera voluntad política para erradicar la impunidad, proteger a los defensores de derechos humanos, líderes indígenas, campesinos y comunidades afrocolombianos, así como a los sindicalistas y todas las víctimas del conflicto armado".
Intermón-Oxfam denuncia que entre 2001 y 2009, 490.000 mujeres fueron víctimas de violencia sexual en Colombia.
CORTE CONSTITUCIONAL CITA AL GOBIERNO PARA QUE RESPONDA POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE SALUD
La Corte Constitucional citó al Gobierno Nacional a una audiencia de rendición de cuentas, para que explique si se ha dado cumplimiento a la sentencia de ese Tribunal que ordenó reformar el sistema de salud en Colombia.
Según la corporación, no se han adoptado las medidas necesarias para garantizarle a las personas su derecho efectivo a la salud.
“Para la Corte, las barreras de acceso a la salud que se requieren con necesidad y que impiden garantizar el goce efectivo del derecho no han sido superadas”, indica la Corte.
Los magistrados también advierten que se requieren decisiones estatales profundas e integrales por parte de los reguladores para superar los problemas del sistema de salud.
A la audiencia de rendición de cuentas fueron citados el ministro de Protección, Mauricio Santa María; el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry; el vocero de la Comisión de Regulación en Salud, Gustavo Bravo, y el superintendente Nacional de Salud, Conrado Gómez Vélez.
Así mismo también tendrán que asistir el procurador Alejandro Ordóñez; la fiscal General Viviane Morales; la contralora General Sandra Morelli; el defensor del Pueblo Vólmar Pérez, entre otras personas.
En el 2008 la Corte Constitucional le había ordenado al Gobierno reformar el sistema de salud, unificar los regímenes subsidiado y contributivo, y actualizar el plan obligatorio de salud para evitar la gran demanda de tituelas.
El Gobierno deberá explicar qué ha hecho en estos tres años y de qué manera ha cumplido con las órdenes de la Corte Constitucional.
CARACOL RADIO
SACAMOS UNA CONSTITUCIÓN BASADA EN LOS DERECHOS DE LA GENTE: GAVIRIA
A pocos días de conmemorarse los 20 años de la promulgación de la nueva Constitución, el ex presidente César Gaviria indicó que su legado más importante es la defensa a los derechos fundamentales.
“Destacaría el vuelco total de la Constitución. Pasamos a una Constitución basada en los derechos de la gente. El eje central es la protección de los derechos fundamentales, el acceso a los derechos sociales”, señaló Gaviria, quien dijo que el instrumento más poderoso para este fin es la acción de tutela.
“Lo esencial de la Constitución es el respeto a los derechos”, finalizó el ex jefe de Estado, quien asistirá el próximo 7 de junio a una ceremonia
CONSEJO SUPERIOR PIDE A LA FISCAL GENERAL PRECISAR LAS DENUNCIAS POR DILACIONES EN PROCESOS CONTRA MILITARES
El presidente del Consejo Superior de la Judicatura Angelino Lizcano en una carta enviada la Fiscal general de la Nación, Viviane Morales, le pidió señalar de forma especifica los casos que conoce de dilación ilegal de procesos por parte de abogados y jueces.
“Respetuosamente solicito, se sirva indicar de manera puntual las presuntas irregularidades en que han incurrido los profesionales del derecho los procesos en los cuales han actuado y el Despacho Judicial donde se adelantan, para poder obrar de manera ágil, eficaz y transparente en aras de adoptar los correctivos pertinentes” señala la carta .
Dice que el caso especifico del caso del subteniente, Raul Muñoz vinculado en el homicidio de tres niños de Arauca, donde se habla de una dilación por el cambio de abogados dijo el Consejo Superior que las acciones disciplinarias a que hubiera lugar serán tramitadas de manera preferencial.
ORGANISMOS COMPROMETIDOS CON LA SALUD NO CUMPLEN CON LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS: CORTE CONSTITUCIONAL
La Corte Constitucional señaló que a casi tres años de haberse proferido la sentencia T-760 de 2008, en la que se dan órdenes para que se garanticen los derechos a la salud de los colombianos, no se han cumplido hasta el momento todos los señalamientos del Alto Tribunal.
A esa conclusión llegó la Corte al encontrar que no se ha cumplido con la unificación del régimen contributivo al subsidiado, plan obligatorio para niños y actualizar el listado de enfermedades incluidas en el POS, entre otros.
Ante esta situación, la Corte llamó a rendir cuentas al Gobierno y a otras entidades el próximo 7 de julio.
Dice la Corte que lo que se ha hecho hasta el momento no resulta suficiente para superar en toda su dimensión los obstáculos que llevaron a proferir la decisión.
“No se ha cumplido estrictamente cada uno de los presupuestos establecidos en las órdenes generales, los cuales están dados para asegurar actualización integral de los Planes Obligatorios de Salud” entre otros.
Dice la Corte que los órganos de regulación en salud deben adoptar las medidas necesarias para superar las fallas en los planes de beneficios asegurando que sus contenidos sean precisados de manera clara, actualizados integralmente, unificados para los regímenes contributivo y subsidiado, y sean oportuna y efectivamente suministrados por las EPS.
Agregó que la regulación debe incentivar que las EPS y las entidades territoriales garanticen a las personas el acceso a los servicios de salud a que tienen derecho y desincentivar la denegación de servicios de salud por parte de las EPS y entidades territoriales. Además, debe tenerse en cuenta el equilibrio financiero como factor de viabilidad del sistema de salud y su permanencia en el tiempo.
Señala la Corte que se requieren decisiones estatales profundas e integrales por los reguladores del sistema, para superar definitivamente las barreras que impiden garantizar el acceso a los servicios y el goce efectivo del derecho a la salud.